En abril de 1951 los conflictos estallaron de manera violenta en Venecia. El inspector de policía del corregimiento de Andinápolis, Jesús Acosta, destacado por la persecución a los partidarios de Balbino Giraldo, intentó allanar la propiedad de los hermanos José y Jesús Restrepo; abaleó la casa y destrozó las ventanas a machete. Tras la reacción de los vecinos, en la gresca resultó muerto el inspector y uno de sus agentes policivos, lo que desató de manera abierta la respuesta de los demás uniformados.
El desarrollo de los hechos originó un comunicado del “Comité Conservador Gobiernista” de Balbino Giraldo, conocido con el nombre de “Manifiesto Conservador de Trujillo”. Era un llamado a los copartidarios del municipio a “recobrar la tranquilidad y su fisonomía moral”: “Que todos volvamos a la concordia. Que alejemos los odios y las venganzas que sólo producen ruina”:
Bajo estas circunstancias, la violencia continuó su ruta. De acuerdo con las denuncias publicadas por “El País” respecto de Trujillo, dirigentes interesados en el terror habían contratado antisociales “ocultándoles en sus casas y prestándoles toda clase de apoyo; aspirando con esto imponerse por fuerza, para que los ciudadanos honrados, sobre todo el campesinado, se abstengan de prestar apoyo al gobierno”.
En realidad, Trujillo no se percataba del surgimiento de un nuevo poder hasta el día en que el padre González fue trasladado por la curia a petición de Leonardo Espinosa. En adelante, los asesinatos, los robos de café y caballerías, el boleteo y las amenazas para desocupar el pueblo se desgranaron en masa. Los seguidores de Balbino Giraldo pidieron la presencia del ejército para aplacar la “época del terror” y el propio Giraldo se presentó al juzgado para dejar constancia que la sentencia de su muerte se encontraba firmada y que “ya los victimarios estaban contratados por una camarilla funesta que encabezaban Leonardo Espinosa y Gerardo Candamil”
Así las cosas, la violencia alcanzó en 1952 una dimensión ilimitada. A lo largo del año, la estadística registró un total de 59 homicidios, para una tasa de 2.36 por cada mil habitantes. Aunque existían pretextos políticos suficientes con la ruptura definitiva entre Alzate Avendaño y el designado Roberto Urdaneta (quien reemplazaba desde octubre de 1951 al convaleciente Laureano Gómez), las acciones en Trujillo se enredaban cada vez más en el escenario común del enriquecimiento. Los meses con mayor número de muertes no eran ya los preelectorales y el propio secretario de gobierno departamental, Rafael Navia Varón, negó que la violencia fuera política: se trata de “delitos comunes” que “han guardado un triste ritmo ascensional de pretensiones tenebrosas”, “abusando de las circunstancias anímicas que vive el país”.
“Los cadáveres eran bajados en mulas y tapados con costales. Era Un panorama dantesco que quedó impregnado en nuestras mentes infantiles y que difícilmente se podrá borrar. Al ser conducidos a Tuluá en la volqueta del municipio, su conductor, de nombre Abigail de don Leonardo, los arrojaba a las aguas del turbulento Cauca. Salía con la remesa de muertos, bajo el pretexto de la necropsia, pero jamás regresaba con ellos. Nadie se preocupaba en averiguar por esos cadáveres y mucho menos en formular una denuncia para que se investigara su muerte. No habían actas, no había investigación judicial, no había estadística”.
El desarrollo de los hechos originó un comunicado del “Comité Conservador Gobiernista” de Balbino Giraldo, conocido con el nombre de “Manifiesto Conservador de Trujillo”. Era un llamado a los copartidarios del municipio a “recobrar la tranquilidad y su fisonomía moral”: “Que todos volvamos a la concordia. Que alejemos los odios y las venganzas que sólo producen ruina”:
Bajo estas circunstancias, la violencia continuó su ruta. De acuerdo con las denuncias publicadas por “El País” respecto de Trujillo, dirigentes interesados en el terror habían contratado antisociales “ocultándoles en sus casas y prestándoles toda clase de apoyo; aspirando con esto imponerse por fuerza, para que los ciudadanos honrados, sobre todo el campesinado, se abstengan de prestar apoyo al gobierno”.
En realidad, Trujillo no se percataba del surgimiento de un nuevo poder hasta el día en que el padre González fue trasladado por la curia a petición de Leonardo Espinosa. En adelante, los asesinatos, los robos de café y caballerías, el boleteo y las amenazas para desocupar el pueblo se desgranaron en masa. Los seguidores de Balbino Giraldo pidieron la presencia del ejército para aplacar la “época del terror” y el propio Giraldo se presentó al juzgado para dejar constancia que la sentencia de su muerte se encontraba firmada y que “ya los victimarios estaban contratados por una camarilla funesta que encabezaban Leonardo Espinosa y Gerardo Candamil”
Así las cosas, la violencia alcanzó en 1952 una dimensión ilimitada. A lo largo del año, la estadística registró un total de 59 homicidios, para una tasa de 2.36 por cada mil habitantes. Aunque existían pretextos políticos suficientes con la ruptura definitiva entre Alzate Avendaño y el designado Roberto Urdaneta (quien reemplazaba desde octubre de 1951 al convaleciente Laureano Gómez), las acciones en Trujillo se enredaban cada vez más en el escenario común del enriquecimiento. Los meses con mayor número de muertes no eran ya los preelectorales y el propio secretario de gobierno departamental, Rafael Navia Varón, negó que la violencia fuera política: se trata de “delitos comunes” que “han guardado un triste ritmo ascensional de pretensiones tenebrosas”, “abusando de las circunstancias anímicas que vive el país”.
“Los cadáveres eran bajados en mulas y tapados con costales. Era Un panorama dantesco que quedó impregnado en nuestras mentes infantiles y que difícilmente se podrá borrar. Al ser conducidos a Tuluá en la volqueta del municipio, su conductor, de nombre Abigail de don Leonardo, los arrojaba a las aguas del turbulento Cauca. Salía con la remesa de muertos, bajo el pretexto de la necropsia, pero jamás regresaba con ellos. Nadie se preocupaba en averiguar por esos cadáveres y mucho menos en formular una denuncia para que se investigara su muerte. No habían actas, no había investigación judicial, no había estadística”.
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